Algunas recomendaciones para una sociedad más inclusiva y diversa.
El ciclo de una política pública involucra definir una situación problemática, diagnosticar y diseñar previo a su implementación y evaluación. “Ponerse en los zapatos de otras personas” para conocer y empatizar con esas realidades, es imprescindible para proponer políticas, por ejemplo, destinadas a las personas LGBT+. El objetivo de este artículo es aportar al abordaje de la situación de esta población en Argentina. Partimos de una análisis de diferentes fuentes documentales y normativas
La escasa información obtenida, refleja una serie de desafíos por delante. Principalmente, falta una priorización en la agenda pública sobre los asuntos del colectivo diverso en profundidad, como también sostener una estrategia de intervenciones y aumentar la incidencia de las políticas sectoriales. Se propone, en principio, avanzar en ocho temáticas: Trabajo, Empresas, Educación, Violencia, Género, Salud, Identidad y Estadísticas.
La utopía de tener opciones
Las personas trans (transexual o transgénero) y travestis, constituyen uno de los sectores de la población LGBT+ que más sufre la discriminación y la estigmatización. Uno de los ámbitos en los que se expresa con mayor intensidad la vulneración de sus derechos, es en el laboral. Las personas trans sufren grandes dificultades para conseguir un trabajo formal y digno.
A la fecha, en Argentina sólo cinco jurisdicciones provinciales cuentan con una “Ley de Cupo (laboral) Trans”, pero en ninguna se cumple de manera eficiente. Estas provincias con ley vigente son: Buenos Aires (aprobado en 2015 y reglamentado recién en 2019), Chubut, Río Negro y Chaco (2018) y Santa Fe (2019).
A nivel nacional, existe un proyecto principal impulsado por la referente travesti y activista por los derechos humanos Diana Sacayán, cuyo expediente se encuentra sin tratamiento legislativo en el Congreso de la Nación desde el 2018. La normativa propuesta contempla que el 1% de los empleos de la administración pública nacional sea ocupado por personas travestis, transexuales y transgéneros. Asimismo, y en consecuencia al activismo de varias organizaciones, se presentaron también otras iniciativas en el mismo sentido, que al día de hoy no han sido elevadas a votación.
Consideramos que es necesario que nuestros legisladores, en ambas cámaras del Congreso de la Nación, discutan y traten los proyectos, aprobando cuanto antes la mejor normativa para que las personas trans y travestis puedan acceder a un trabajo formal tanto en el sector público, como así también promover su reflejo en el sector privado.
Empujar la inclusión, desde el sector privado
Según una encuesta realizada por el sitio de búsqueda laboral “Bumerang” en 2019, 3 de cada 10 personas estuvieron expuestas o presenciaron algún tipo de situación discriminatoria en su trabajo, debido a su orientación sexual o identidad de género.
Si bien algunas empresas comenzaron a incluir acciones internas que apuntan a la no discriminación por la orientación sexual e identidad de género, aún queda un gran recorrido por transitar.
Crear y construir un espacio de trabajo que sea completamente libre de discriminación, es posible. Para que eso suceda no es suficiente con las normas y leyes a nivel nacional e internacional que protegen a las personas LGTB+. Se necesitan además acciones positivas motorizadas por las propias instituciones.
Todo empleador/a, organización o empresa del sector privado, puede desarrollar una política estratégica de inclusión, que impulsen y promuevan medidas para el respeto a la diversidad y en donde se visibilice, concientice y erradique por completo cualquier tipo de discriminación al colectivo.
Consideramos que es necesario que el Estado estimule y articule el compromiso de las empresas para que incluyan medidas, actividades, y formación que pretenda capacitar a todos los/as empleadores/as y empleados/as sobre identidad de género y orientación sexual.
A la escuela a estudiar y no a sufrir
Desde la sanción de la Ley Nacional Nº 26.150 se consagró la Educación Sexual Integral (ESI) en los niveles de educación formal de nuestro país. Sin embargo, su efectiva aplicación y adhesión por parte de las jurisdicciones provinciales, es lenta y compleja. En algunos casos, entran en juego otros intereses, diferentes a los públicos, para no lograr los objetivos propuestos por la ley.
Una encuesta realizada por la organización “100% Diversidad y Derechos”, arroja que 8 de cada 10 jóvenes LGBT+ han sufrido de referencias en un lenguaje discriminatorio, Además, el 51% sintió inseguridad en expresar su percepción género en el marco institucional. Los resultados demuestran que éstos/as estudiantes se sienten inseguros en sus propias escuelas.
La ESI proporciona herramientas para que los niños, niñas y adolescentes puedan conocer e interpretar, entre otras cosas, las diversidad sexual de las personas, la percepción e identidad de género y la importancia de los derechos sexuales. En Este marco, se posibilita que como sociedad, contemos con una base de información pertinente para comprender mejor la configuración de actos discriminatorios.
A través de Haciendo, consideramos urgentemente necesario que la ESI se implemente en las escuelas de todas las jurisdicciones educativas del país de forma efectiva; que se brinden más instancias de capacitación a más docentes, con seguimiento y actualización constante.
El odio mata, cada vez más
Desde el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, se define a los crímenes de odio, como “un acto voluntario consciente, generalmente realizado con saña, que incluye, pero no se limita, a violaciones del derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad personal, a la libertad personal y a la vida”. Queda claro que este tipo de delito, está basado en el rechazo, desprecio, odio y/o discriminación hacia una persona LGBT+, población históricamente vulnerada.
Del informe anual del año 2019 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, se desprende que ocurrieron 177 crímenes de odio (78 asesinatos y 99 agresiones) por orientación sexual , identidad y género en toda la Argentina. Lamentablemente, los datos no pueden ser exactos, ya que existen casos no registrados por crímenes cometidos hacia víctimas que no son registradas según su identidad autopercibida.
Tan solo de los crímenes cometidos el año pasado, se puede observar que el 64% son cometidos contra personas trans/travestis; el 24% varones gay cisgénero, 8% lesbianas y el 4% contra varones trans. El 44% del total, son asesinatos y muertes por ausencia y/o abandono estatal; y el 56% de hechos de violencia física, que no terminó en muerte.
Lo más alarmante es el creciente indicador de hechos cometidos, ya que que en el año 2016 se registraron: 31 hechos (13 asesinatos y 18 agresiones); en el 2017 fueron 103 hechos (13 asesinatos y 90 agresiones); y en 2018 sucedieron 147 (67 asesinatos y 80 agresiones).
Consideramos que debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de los decisores de políticas públicas, las gestiones necesarias para consagrar instrumentos de prevención y normativas que que protejan y defiendan a la comunidad LGBT+ desde el derecho fundamental a la vida y la integridad física.
No todo es nene o nena
Las personas no binarias son quienes no se identifican con un género, o por el contrario con ninguno de ellos, en la lógica de las identidades binarias de hombre/mujer. Es decir, son quienes no se limitan a percibirse como varón ni como mujer, o no solo uno de esos géneros, o no completamente varón, ni completamente mujer, o algo enteramente diferente. Guarda una gran complejidad que no siempre es reconocida.
Obligar a una persona, mediante actos positivos o negativos, a identificarse sólo como varón o mujer se puede considerar una violación del derecho al desarrollo libre de la personalidad. En los diferentes actos administrativos que las y los ciudadanos debemos realizar en oficinas u organismos público, comúnmente se debe cargar datos personales estandarizados, donde solo se hace mención a dos posibles géneros: masculino o femenino (varón o mujer). En este sentido, se excluye del reconocimiento del género que está fuera del binarismo, desde una concepción naturalizada y arraigada en los formularios de trámites.
No es una novedad que la rígida división en sólo dos géneros no corresponde con la realidad. Por lo que consideramos que desde el Estado se deben generar los cambios, actualizaciones y replanteos necesarios para que desde la lógica de la administración pública no se excluya a personas a partir de la configuración de su género. Si bien debe ser una premisa para los diferentes gobiernos, también es importante poder sensibilizar al sector privado en este mismo sentido. Es conveniente garantizar legalmente además de la inscripción de género «femenino” o «masculino”, puedan seleccionar «otro”, o decidirlo más tarde, según su propia convicción. Países como Alemania, Australia, Bangladesh, India, Nueva Zelanda, entre otros, ya garantizan este derecho.
No es una enfermedad, ni se reorienta
Hace aprox. 300 años se entendía la homosexualidad como un hecho maléfico, entonces se los exorcizaba. Hace aprox. 100 años se creía que los homosexuales eran enfermos, entonces se los pretendía curar. Hasta hace pocas décadas se consideraba la hosexualidad como una elección, entonces se los intentaba convencer del “camino correcto”. Recién hace 30 años atrás, la OMS dejó de considerar a la homosexualidad como una patología mental.
Sin embargo, a pesar de estos avances científicos y sociales, actualmente podemos encontrar fácilmente en internet un curso online llamado “El camino a la heterosexualidad”, abordando temas relacionados a la homosexualidad, “causas que la provocan” y “consejos para no sufrir por tener atracción hacia el mismo sexo”. Aún hoy existe oferta de este tipo de cursos que vuelven a patologizar y aseguran que la homosexualidad es una enfermedad mental. Asimismo, concluyen que a través de una terapia reparativa o de conversión sexual su puede volver a ser heterosexual.
Entendiendo que ninguna terapia reparativa podrá cambiar la identidad de género de una persona, se torna necesario evitar que más LGBT+ puedan caer en el engaño que representan estas terapias, que rozan la tipificación de delito de estafa. En Argentina no existe una ley nacional que prohíba ni restrinja este tipo de terapias ni de prácticas que violan los derechos humanos, tal como sí ocurre en varios países del mundo. Se torna necesario que nuestras/os representantes en el Poder Legislativo tomen cartas en el asunto y puedan legislar sobre este hecho.
Que el espejo te devuelva tu imagen
No todas las personas tienen la posibilidad de representar la imagen con la que se auto perciben. La Ley Nacional Nº 26.743 de Derecho a la Identidad de Género reconoce la garantía personal a la identidad de género de las personas. Asimismo, establece el acceso a los tratamientos hormonales integrales como parte del derecho al libre desarrollo personal y establece que dichos tratamientos quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio.
Del Informe sobre los resultados de la prueba piloto para el “Estudio de Condiciones de Vida de la Población Trans en Argentina” de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación surge, se estima que más de la mitad de la personas del colectivo trans se somete a tratamientos de hormonización en el país. En este sentido, que más de la mitad de estas personas, lo hace por medio de instituciones del Estado. Asimismo, es importante destacar que la totalidad de varones trans encuestados, obtiene las hormonas para los tratamientos en un hospital público.
Tanto por el burocrático sistema de compra de los fármacos necesarios para los tratamientos, por parte del Estado Nacional; como la especial situación que viven las personas trans en épocas de emergencia sanitaria, se justifica buscar una alternativa al procedimiento actual. Es recomendable que el Estado asuma la garantía de acceso a los medicamentos desde la propia producción de los mismos, articulando con la academia y el sistema científico del país.
Lo que se conoce, no existe
La realidad que atraviesa la población LGBT+ queda plasmada en las pocas estadísticas con las que cuenta nuestro país. Con esfuerzos aunados entre esfuerzos de algunas ONG, observatorios como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y unas pocas provincias o municipios, se puede construir un mapa preliminar del panorama. Pero no es suficiente, necesitamos contar con información pública basada en indicadores y estadísticas reales. Información que no se limiten a proyecciones o datos desde la precariedad, como forma de tomar decisiones por parte del estado.
En asuntos de gran importancia como la protección de la vida de una persona, cobran relevancia las políticas focalizadas. En Argentina existe un crimen de odio contra una persona LGBT cada tres días, eso se extrae de las denuncias realizadas en sede policial y/o judicial. Sin embargo, un gran número de casos no son denunciados formalmente, lo cual desembocará en un incremento de esta estadística.
La falta de una institución por parte del estado, que sea núcleo del diseño de políticas en base a una base de datos certera. Existe decisión política para contener de forma específica ciertos grupos poblacionales que merecen una atención particular, tales como el INADI, el INAES, el INDi, el INAI, y el INJuve, etc. -organismos que han demostrado que se puede asumir un abordaje concreto, mediante estadísticas y datos duros para el diseño de políticas públicas eficaces.
La falta de certezas en los datos, hace muy difícil orientar y reorientar los fondos públicos para la protección de las personas. Desde la Fundación, proponemos la creación de organismos encargados de la complejidad del abordaje de la población LGBT+ y de las variables que inciden en la calidad de vida. Además, dentro del Poder Judicial es importante analizar la posibilidad de la creación de mecanismos necesarios para atender crímenes de odio contra la población LGBT+.
Estas recomendaciones forman parte de un punto de partida, no constituyen una propuesta completa, sino que aportan ideas para la visibilización y el debate social en todos los ámbitos de poder, el público, el privado y el tercer sector.
Desde el área de Géneros y Diversidad de la Fundación Haciendo tenemos el norte puesto en profundizar el análisis y en acercar propuestas de las políticas tendientes a la construcción de una sociedad más igualitaria e inclusiva. Buscamos sensibilizar y brindar asesoramiento a los organismos para la formulación de políticas, normas y estándares de alcance general. Nos proponemos visibilizar las falencias de las políticas públicas en este sentido, para aportar propuestas de acciones que promuevan el respeto de los derechos humanos del colectivo LGBT+. en la integralidad del escenario público.
Autores 🇦🇷: Joaquín Villa (coord.), Martín Beltrame, Rodrigo Frias, Manuel Lopez Pons y Pablo Molina.
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